El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció el pasado 12 de mayo en el Congreso de los Diputados para anunciar una serie de medidas destinadas a reducir el déficit público. Dicha reducción, fruto de las exigencias de la Unión Europea ante la situación económica de nuestro país, afectará principalmente a tres colectivos: los funcionarios, las mujeres que tengan hijos y, muy especialmente, a las personas mayores. Esto se debe a que dos de las disposiciones, aprobadas ya en Consejo de Ministros, se refieren a los jubilados y los dependientes.

Uno de los principales anuncios de Zapatero se refiere a la congelación de las pensiones para 2011. Esto significa que se anulará la revalorización que cada año se realiza con respecto a las prestaciones públicas y que equipara la subida de estas retribuciones a la del IPC para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo por el aumento de los precios. Esta medida no afectará al ejercicio actual, por lo que si la inflación a lo largo de 2010 superase el 1 por ciento, los pensionistas recibirían una paga compensatoria en enero proporcional a esa cuantía. Los datos de la inflación interanual se conocerán, de manera provisional, el próximo mes de noviembre pero, de momento, todos los indicios apuntan a que ese uno por ciento no se superará. Por otra parte, la congelación no afectará en ningún caso a las pensiones no contributivas ni a las mínimas que seguirán subiendo conforme a lo previsto. La exclusión de estos dos grupos hace que la congelación afecte a “unos cuatro millones de personas”, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Sin embargo, y al margen de las cifras concretas, estas medidas han suscitado las críticas de la oposición, los representantes de los mayores y los sindicatos. Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Prejubilados (UDP ), explica: “Los mayores nos tendremos que resignar a que se recorten nuestros derechos” pero añade que “los sacrificios se deben exigir a todos los colectivos que formamos este país y no sólo a los más fáciles de controlar”. En la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA ) también se cuestionan por qué son los mayores los que tienen que ser “especialmente penalizados por la crisis”. Su presidente, José Luis Méler y de Ugarte, recuerda el compromiso de Zapatero de no mermar el gasto social y explica que “hay otras partidas de gasto que pueden recortarse y que, sin duda, todos los ciudadanos entenderían”.

También desde otros foros se ha aludido a la posibilidad de reducir gastos de otro tipo. Así, la secretaria general del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal planteaba la desaparición de ministerios como Igualdad o Vivienda, dado que sus competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. También el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara –quien ha hablado de “ajuste antisocial”– apuesta por otras opciones como aumentar los ingresos del Estado a través de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Todas estas declaraciones no se refieren sólo al recorte de las pensiones, sino también a los ajustes que incidirán en la Ley de Dependencia. A pesar de que el líder del Ejecutivo aseguró, en su discurso ante el Congreso, que “no se tocarían los pilares del Estado de Bienestar”, el Gobierno eliminará el carácter de retroactividad de este marco regulatorio para todos aquellos ciudadanos que, desde el momento en que entre en vigor la reforma, soliciten cualquiera de las prestaciones que se incluyen en el SAAD.

Para Zapatero, esta particularidad de la Ley “ya no tendrá sentido” porque, a partir de ahora, se establecerá un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes de servicios de dependencia hasta la adjudicación de la ayuda. No obstante, si alguna Comunidades Autónomas sobrepasa este período de resolución, deberá efectuar el pago de la prestación con carácter retroactivo. En principio, parece que la medida supondrá un respiro a los empresarios y profesionales de la atención a personas mayores. En primer lugar, porque podría agilizar la implantación del SAAD, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS ).

Pero, además, porque, previsiblemente, esta iniciativa favorecerá el desarrollo de servicios y la consiguiente creación de empleo. “Desaparece la posibilidad de recibir importantes cantidades acumuladas por retroactividad por parte de los dependientes y de los familiares, lo que reducirá la elección de prestaciones económicas”, precisan los portavoces de esta agrupación. En esta misma línea se manifiesta Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social. En su opinión, “el excesivo desarrollo de las ayudas económicas por cuidados en el domicilio ha provocado que no se generasen más puestos de trabajo. Esta reforma puede suponer un freno a esa tendencia”.

Esta novedad en la Ley de Dependencia puede resultar, incluso, “positiva” para la atención de los beneficiarios, a juicio de Ángel Rodríguez Castedo, ex-director general del IMSERSO, ya que “las administraciones deberán espabilarse para realizar el dictamen y dar la prestación en seis meses. En caso contrario, tendrán que pagar atrasos”. Pese al optimismo de algunos agentes sociales, Raquel Manjavacas, directora gerente de CEOMA, duda de que se lleguen a cumplir los plazos siempre y cuando no se prevea una mayor dotación económica para la Ley de Dependencia. “Existen otras partidas que pueden recortarse y que, sin duda, entenderían todos los ciudadanos”, añade.

El paquete de medidas relacionadas con la Ley de Dependencia para atajar el déficit fiscal incluye una matización que inquieta a los dependientes y a sus familiares: “Los derechos de retroactividad que ya se hayan generado, hasta ahora, podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años”. Y, aunque según los últimos datos del IMSERSO, existen más de 500.000 personas que ya reciben prestaciones o servicios del SAAD, cerca de 250.000 se hallan en lo que ya se ha denominado como “limbo de la Dependencia ”. O lo que es lo mismo, se encuentran a la espera de recibir el Plan Individualizado de Atención (PIA ), en el que se dictamina cuál constituye el recurso –o recursos, ya que algunos se perciben de forma simultánea– más adecuado para su situación. “Esto, más que un ahorro, supone una deuda acumulada que genera un malestar social y recorta un derecho subjetivo aprobado por la Ley”, argumentan responsables de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.