La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Noemí Martín ha destacado que esta medida permitirá ofrecer un tratamiento más equitativo y progresivo, en función de las rentas y recursos personales de los beneficiarios de la Ley, y también permitirá incentivar los servicios públicos o acreditados frente a las prestaciones económicas de atención no profesional. Martín ha añadido que con la entrada en vigor de esta modificación se pretende, además, facilitar la atención en el entorno domiciliario puesto que se amplía la compatibilidad entre servicios y prestaciones económicas. 
 
Esta nueva regulación garantizará una atención homogénea en toda la región del servicio de ayuda a domicilio. En todos los concejos esta atención será la misma, en función del grado y nivel de dependencia, así como el precio que abona el usuario por el servicio.
 
Según los datos del Gobierno autonómico, en lo que va de año se ha reducido en Asturias el peso de las prestaciones económicas para cuidares familiares frente a los servicios, “que ha pasado del 52,1% al 47,2% actual, por debajo de la media estatal que se sitúa en el  51,1%. Esta variación se explica por el incremento de los servicios en los Centros de Atención Diurna, (que han pasado de 352 en enero a 827 en octubre) y el incremento de las personas atendidas por el Servicio de Ayuda a Domicilio (de 435 en enero a 959 en octubre)”.
 
Desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, Asturias lleva tramitadas un total de 32.444 solicitudes y se han realizado 25.386 valoraciones domiciliarias de grado y nivel (el 78,7% del total). En este sentido, la consejera de Bienestar Social y Vivienda ha recordado que este año se ha realizado un “importante esfuerzo para reducir los tiempos de tramitación de la Ley de Dependencia, que en algunos casos han llegado hasta el año de espera”: la Consejería ha creado 30 nuevos puestos en  la plantilla de los Servicios Sociales municipales, encargada de tramitar las solicitudes, y ha incorporado otros 31 trabajadores más a los servicios autonómicos de valoración y gestión, encargados de resolver las solicitudes.