Un problema que se sumaría a las dificultades que muchos operadores tienen para alcanzar un adecuado nivel de ocupación y a los retrasos en los pagos de la Administración. “Ya sucedió algo similar en Reino Unido, antes de que el Gobierno reaccionase”, añade el máximo responsable de esta institución, en la que se encuentras representadas empresas destacadas como Grupo CARE, Sanyres, Grupo SAR o Mapfre Quavitae, entre otras.
 
Raventós califica esta eventual subida como “otro nuevo golpe a la viabilidad de los proveedores” que cubren la mayoría de las necesidades de atención a la dependencia. Se trata, además, de una medida que las compañías de este sector reclaman desde hace años y que beneficiaría a empresas prestadoras de productos y servicios e, incluso, “a la propia Administración”. Aunque muchos grupos políticos ya han presentado iniciativas parlamentarias para la reducción de la carga fiscal, hasta la fecha, no se ha obtenido un resultado satisfactorio similar al de otros países europeos, con una fiscalidad reducida en estos servicios.
 
La Fundación Edad&Vida recuerda que el sector empresarial se encuentra “seriamente perjudicado” por el desarrollo de la Ley de Dependencia, en base a prestaciones económicas y no a servicios profesionales, al que la medida le supone una pérdida adicional, ya que las tarifas no se ajustan a los costes reales de los servicios que se prestan y a la calidad que se solicita. “Empresas que tenían enormes planes de inversiones no han recibido la adecuada respuesta de la administración, bien por la ralentización en la capacidad de ocupación de esas plazas o porque los planes han producido desequilibrios económicos relevantes, provocando un escaso desarrollo de la red de utilidad pública que la Ley prevé”, concluye la Fundación.
 
El incremento de este punto porcentual significará un 1% más de desembolso de recursos para cubrir la atención de las personas en situación de dependencia; un 1% menos de recursos para las administraciones con los que atender a los ciudadanos; y el encarecimiento de un 1% en la compra de servicios profesionales. 
 
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