Trabajar es sinónimo de salud. Si no gozas de una buena salud, trabajar se convierte en una auténtica pesadilla para muchas personas, debido a sus problemas de salud. Sabemos que en el caso de enfermedad pedimos la baja al médico y nos quedamos en casa unos días o el tiempo que sea necesario en función del mal que nos afecte. Pero una cosa es algo puntual, que puede ser una gripe, un problema digestivo puntual o una fractura, por citar algunos ejemplos simples y comunes, y otra es padecer una enfermedad limitante.
En estos casos, es necesario solicitar la incapacidad, un proceso que puede ser complicado debido a los trámites y requerimientos que el procedimiento implica. Conocer en qué consiste, los requisitos necesarios y en qué situaciones hay que contar con ayuda profesional es necesario cuando la salud impide realizar las funciones laborales.
La solicitud de incapacidad permanente se tramita, con carácter general, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que valora el grado y el derecho a la prestación. La parcial suele dar lugar a una indemnización, no a una pensión mensual. Si la resolución es desfavorable, existe la reclamación previa y, una vez agotada esa vía, puede acudirse a la jurisdicción social, donde es aconsejable contar con asesoramiento especializado.
Cabe señalar que no solo el trabajador implicado puede solicitar la incapacidad; existen otros servicios que pueden hacerlo en su lugar, como la Inspección de Trabajo, una entidad colaboradora, los Servicios Públicos de Salud o el INSS. Aunque en este artículo vamos a hablar sobre el proceso de invalidez que inicia el propio trabajador cuando considera que no puede seguir desarrollando sus funciones laborales debido a las dolencias que padece.
Iniciar el proceso
La incapacidad permanente suele derivar de una incapacidad temporal, pero existen excepciones legales; estar de baja no es un requisito universal para cualquier solicitud. Los profesionales de Abogados Santander, con experiencia en este tipo de asuntos, pueden ayudar a valorar las limitaciones, la actividad profesional y los requisitos aplicables. No basta el diagnóstico de una enfermedad: hay que estudiar su repercusión real en la capacidad laboral.
Si el trabajador está sometido a rehabilitación o tiene prevista una cirugía, la evolución y el pronóstico son importantes para valorar las limitaciones. No obstante, no siempre es necesario esperar a que termine cualquier tratamiento: la ley contempla situaciones con secuelas suficientemente objetivadas y previsiblemente definitivas, incluso cuando la recuperación sea incierta o a largo plazo.
Una vez que las limitaciones están definidas, los informes deben describir su gravedad y cómo afectan al trabajo. La valoración no consiste únicamente en comprobar si un tratamiento ha terminado, sino en determinar la capacidad laboral y el carácter previsible de las secuelas.
En este punto hay que recopilar todos los informes médicos del médico de cabecera, del hospital, del médico privado, en su caso, etc., para poder presentar la solicitud.
Teniendo en cuenta de dónde procede la enfermedad que se padece, el accidente laboral que se ha sufrido o los aspectos correspondientes, la incapacidad puede ser de varios tipos y presentar diferentes grados. Para distinguir el grado se valora la limitación funcional; la edad y las cotizaciones afectan, además, al acceso a la prestación. Conviene diferenciar estos aspectos:
- Si el trabajador queda incapacitado para realizar su profesión habitual o puede seguir ejerciéndola.
- Si el trabajador queda incapacitado para realizar cualquier profesión, solo la habitual o determinadas tareas.
- La edad y los años cotizados del trabajador.
- Si el daño es o no permanente.
Si el daño no es permanente y el afectado va a poder retomar su actividad normal, se trata de una incapacidad temporal o “baja médica”. Si se trata de una situación permanente, estamos ante una “incapacidad permanente” en la que encontramos los siguientes grados:
- Incapacidad permanente parcial.
- Incapacidad permanente total.
- Incapacidad permanente absoluta.
- Gran incapacidad.
Los requisitos obligatorios para realizar la solicitud de una prestación por incapacidad son diferentes en función del tipo de incapacidad que se vaya a solicitar.
La llamada total cualificada no es un grado distinto: es un incremento de la pensión de incapacidad permanente total cuando se cumplen sus requisitos.
Lo primero que hay que hacer a la hora de presentar la solicitud es acceder a la página de la Seguridad Social y abrir el modelo de solicitud de incapacidad permanente. Se puede rellenar en el mismo ordenador e imprimir la copia.
Esta solicitud, convenientemente rellenada, se presenta en cualquiera de los centros de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS). Pedir cita previa evita colas y permite que atiendan a tiempo.
Una vez presentada la solicitud, el INSS recaba los antecedentes y la valoración médica que correspondan. El equipo de valoración emite su propuesta y la dirección provincial resuelve; no es el médico evaluador quien concede por sí solo la prestación. El plazo máximo general para resolver y notificar es de ciento treinta y cinco días, con el cómputo y las posibles suspensiones legalmente previstos. Si transcurre sin notificación, la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo y procede valorar la reclamación previa.
Durante el expediente puede recibirse una citación para reconocimiento médico. La resolución se notifica por el medio que corresponda y, si reconoce una prestación, indica el grado, la cuantía y los demás datos aplicables, incluida la fecha a partir de la cual puede revisarse por mejoría o agravación. Esa fecha no significa necesariamente que vaya a practicarse una revisión automática ese día.
También se puede recibir una resolución en la que se comunique la desestimación, frente a la que, con carácter general, cabe reclamación previa en treinta días hábiles desde su notificación; deben comprobarse el pie de recursos y las reglas aplicables al caso.
Requisitos para solicitar la incapacidad
Como ya hemos comentado, existen diferentes tipos y grados de incapacidad. Cada uno de ellos cuenta con sus propios requisitos para poder ser solicitado.
En el Régimen General, la incapacidad permanente parcial supone una disminución no inferior al treinta y tres por ciento del rendimiento normal en la profesión habitual, sin impedir sus tareas fundamentales. Puede derivar de enfermedad o accidente, no solo del trabajo. Se exige alta o situación asimilada y, si deriva de enfermedad común, la regla general es acreditar mil ochocientos días cotizados en los diez años anteriores a la extinción de la incapacidad temporal de la que proceda. Existen reglas particulares para menores de veintiún años. Si deriva de accidente, sea o no laboral, o de enfermedad profesional, no se exige cotización previa.
La incapacidad permanente total inhabilita para las tareas fundamentales de la profesión habitual, aunque permite, en los términos legales, otra actividad distinta. Si deriva de enfermedad común y se accede desde alta o situación asimilada, los menores de treinta y un años deben acreditar, con carácter general, un tercio del tiempo transcurrido desde los dieciséis años hasta el hecho causante. Desde los treinta y un años se exige una cuarta parte del tiempo desde los veinte, con un mínimo de cinco años; al menos una quinta parte del período exigido debe estar dentro de los diez años anteriores, con las particularidades legales de cómputo. No son cinco años obligatoriamente dentro de los últimos diez. Si deriva de accidente o enfermedad profesional, no se exige cotización previa.
La incapacidad permanente total cualificada permite incrementar la pensión en veinte puntos de la base reguladora, normalmente del cincuenta y cinco al setenta y cinco por ciento. Puede reconocerse a partir de los cincuenta y cinco años cuando, por la preparación y las circunstancias sociales y laborales, se presume dificultad para encontrar otra ocupación. No se concede automáticamente por cumplir años o estar desempleado, y el incremento es incompatible con el trabajo en los términos legales.
La incapacidad permanente absoluta inhabilita para toda profesión u oficio. Si se accede desde alta o situación asimilada y deriva de enfermedad común, se aplican los períodos de cotización según la edad indicados para la pensión de incapacidad permanente. Cuando procede de accidente o enfermedad profesional y se está en alta o situación asimilada, no se exige cotización previa. También puede accederse desde una situación de no alta en los casos legalmente previstos: entonces se exigen quince años cotizados, tres de ellos en los diez anteriores. En las prestaciones derivadas de contingencias comunes debe comprobarse además la regla relativa a la edad y al derecho a jubilación; no basta afirmar que toda persona que haya alcanzado esa edad queda excluida.
Para acreditar la cotización necesaria, los períodos en alta con contrato a tiempo parcial se computan sin reducir los días por la duración de la jornada, conforme a la regulación vigente desde octubre de 2023. No corresponde aplicar el antiguo coeficiente global de parcialidad para decidir el acceso a estas prestaciones.
El último grado es la gran incapacidad, denominación que sustituyó a gran invalidez en 2025. Se caracteriza por necesitar la ayuda de otra persona para actos esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer. No es simplemente una incapacidad absoluta que dificulta la vida diaria: incorpora un complemento destinado a remunerar esa asistencia, según los requisitos legales.
En conclusión, la invalidez es algo que se puede pedir cuando la salud impide realizar las tareas habituales del trabajo, siempre y cuando sea posible demostrar que es así.